El sector público institucional español sigue suspendiendo en materia de transparencia. Trece años después de la aprobación de la Ley de Transparencia en 2013, el índice medio de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa apenas alcanza el 47,1%, según el informe anual del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno publicado en agosto de 2026.
El organismo ha analizado los portales web de 153 entidades del sector público estatal —organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas y mutuas— para comprobar si publican información obligatoria como normativa, presupuestos, contratos, identidad de máximos responsables, formación, experiencia y retribuciones.
Los resultados evidencian una gran disparidad entre entidades. Las mejor paradas son las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, junto con las mutuas colaboradoras, que alcanzan un 82,5% de cumplimiento. En el extremo opuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social figura entre las más incumplidoras, con apenas un 11,8%.
Solo dos entidades logran el 100% de cumplimiento
Entre las 153 entidades evaluadas, únicamente dos han aplicado todas las recomendaciones y alcanzan el pleno cumplimiento: el Boletín Oficial del Estado (BOE) y Palencia Alta Velocidad, que ya obtuvo la máxima puntuación en 2025. Les siguen con el 99% las mutuas MAZ y Mutualia, junto con Murcia Alta Velocidad y Zaragoza Alta Velocidad 2002.
Por encima del 90% se sitúan la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), el Centro Universitario de la Defensa de la Escuela Naval Militar de Marín y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Al igual que ocurre con el Reglamento europeo de IA, el cumplimiento de obligaciones de transparencia sigue siendo una asignatura pendiente para muchas entidades.
Entidades señaladas por bajo cumplimiento
En el rango del 50-60% figuran ADIF-Alta Velocidad, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSE), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) se sitúa justo en el 50%.
Por debajo del umbral del aprobado quedan organismos como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), las Autoridades Portuarias de Ceuta y Cádiz, y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, con porcentajes entre el 30 y el 40%.
Los casos más alarmantes se encuentran en el tramo inferior: el Centro Sefarad-Israel (23,5%), el Instituto Social de la Marina (16,3%), la Tesorería General de la Seguridad Social (11,8%), la Real Fábrica de Tapices (7,8%), la Obra Pía de los Santos Lugares (4,1%) y, cerrando la tabla, el Consorcio del Museo Militar de Menorca, con un 97% de incumplimiento.
Recomendaciones aplicadas en apenas un 28%
El Consejo de Transparencia realizó 2.916 recomendaciones específicas a estas entidades en 2025. Un año después, solo se han aplicado 830, lo que representa el 28,4% del total. Según el informe difundido por Europa Press, la falta de publicación de informaciones obligatorias y, sobre todo, la ausencia de referencias sobre el grado de actualización de los datos son los principales factores que explican el bajo nivel de cumplimiento global.
El organismo vuelve a instar a los responsables de las entidades públicas a cumplir sin dilación con las obligaciones legales vigentes desde 2014. Las recomendaciones incluyen publicar información íntegra, actualizada (especificando la fecha de los datos), fácilmente localizable y en formato reutilizable en todos los portales institucionales.
La situación refleja que, pese a tratarse de mandatos legales de carácter vinculante con más de una década de vigencia, una parte demasiado amplia del sector público español sigue sin cumplir con los estándares mínimos de transparencia exigidos por la normativa.
Fuente: Expansión · Documento oficial: enlace · Esta información ha sido elaborada por la redacción de Imbest con apoyo de herramientas editoriales automatizadas.